En enero de 2022 la Contraloría afirmó que adelantaba 144 procesos por más de 42.000 millones de pesos por irregularidades en el Programa. Así mismo, el año pasado 13 Secretarías de Educación Certificadas presentaron los mayores incumplimientos en la implementación del PAE, con fallas en calidad, logística y cobertura. Estas entidades fueron las de Amazonas, Popayán, Putumayo, Pitalito, Nariño, Magdalena, Cauca, Córdoba, Chocó, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Vaupés.
La situación en algunas partes, como el Quindío, es crítica, por eso, desde la Federación Nacional de Departamentos están solicitando que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, nuevamente, retome el control de estas ayudas.
Según el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia, OBSSAN, señala que el problema del PAE es el modelo de financiamiento y contratación, que dejan el servicio en manos de entidades que solo buscan el beneficio económico; a pesar de que los recursos salen del bolsillo y los impuestos de los colombianos.
Se propone:
· Eliminar las grandes licitaciones.
· Descentralizar y llegar a las regiones.
· Permitir que haya proponentes más pequeños, como cooperativas o asociaciones, que tengan un vínculo más cercano con las comunidades.
· Ampliar el rango de precio de los alimentos ofrecidos, adecuado a la realidad actual
Las actividades descritas serán complementadas con los
ejercicios de participación, que se podrán adelantar en el marco de los Comités
de Alimentación Escolar, que deberán conformarse en cada uno de los
establecimientos educativos beneficiarios del programa, así como ejercicios de
veeduría ciudadana.
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