De acuerdo con el programa ‘Alimentos para Aprender’, del Ministerio de Educación, el PAE “es una estrategia para promover el acceso a la educación con permanencia junto con el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través de la estrategia de un complemento alimentario para consumo al interior del establecimiento educativo”.
Desafortunadamente a alimentación de los
niños y niñas ha quedado a merced de interés privado que se benefician de la
complicidad de funcionarios públicos y la negligencia de los entes de control.
En
algunas ocasiones se ha evidenciado que este presupuesto es insuficiente, pero
nada despreciable es saqueado de modo sistemático por los diferentes actores
que participan directa o indirectamente en la contratación del PAE. La Contraloría General de la República denunció que, por
diversas razones, en 2016 se dejaron de entregar más de 32 millones de raciones
de comida. Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional, reconoció la
existencia de intrincadas mafias que se roban los recursos de la alimentación
escolar.
El
deterioro del Programa es progresivo y evidente. Cada vez son más frecuentes
los escándalos de desvío de recursos, robos, sobrecostos y la peor de todas las
prácticas: la distribución de raciones en mal estado que pueden enfermar
gravemente a los niños, afectando notablemente su condición de salud y por ende
bajo rendimiento educativo.
Causa del Conflicto
La
causa principal de este flagelo en Colombia es el modelo de financiamiento y,
sobre todo, de contratación. La contratación tercerizada permite
que ejecutores privados queden a cargo de la parte más importante del Programa
como lo es la prestación del servicio. Por ello, los recursos quedan a cargo de
empresas que solo les interesa el lucro
y beneficio particular, sin pensar en el perjuicio que pueden ocasionar a los
niños. Es pues todo esto un modelo de negocio muy rentable en virtud de la
falta de control, y en diversas oportunidades a la complicidad, de las
entidades estatales.
Posible Solución
Ejecutando
una exhaustiva intervención a través de supervisores contractuales, delegados
del plantel educativo y de asociaciones de padres de familia, con el fin de
que garanticen un buen funcionamiento,
debido a que el Estado está en la completa obligación de suplir a esta
población infantil y adolescente en las aulas de clase sus necesidades
alimentarias básicas en pro del apoyo nutricional para su proceso de
crecimiento y rendimiento escolar. Esta es la única manera de cumplirles a los
niños, que son el presente de Colombia.
Para
lograr esto también harán falta veeduría social y comunitaria, apoyo técnico de
calidad y, sobre todo, una sociedad a la que le importen sus niños y niñas y
que reclame transparencia y compromiso de las instituciones responsables de la
operación del PAE. Todo esto permitiría dar el primer paso para dejar de
satisfacer el voraz apetito de los corruptos y dedicarse a acabar con el hambre
de los niños del país.
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